52. MARISOL PLAZA IRIGOYEN
Uno de los grandes errores que cometí en el manejo de la demanda por más de diez millones de dólares incoada por el Consorcio Vinccler Koyaike contra Metro de Caracas fue haber aceptado una proposición de Hernán Marambio Cortés, en orden a reunirnos con el ministro de la Corte Suprema, Jesús Cabrera, quien nos pondría en contacto con una persona capaz de acelerar la sentencia de la Corte Suprema que ya demoraba 10 años.
Atendida la sugerencia de Marambio nos reunimos con la abogado Marisol Plaza, de quién yo nada sabía.
Después supe que ella había sido la Procuradora General de la nación involucrada en el gravísimo delito de emitir un informe aceptando como válidos unos bonos de Bandagro, por miles de millones de dólares los que, según era de todos conocido, eran falsos.
Pocos meses después Marisol Plaza tuvo que enmendar su sentencia como Procuradora y admitir que los bonos Bandagro eran falsos y por consiguiente no constituían obligación para el Estado venezolano.
Me reuní con la “doctora” (así se hacen llamar en Venezuela los delincuentes en general y
en particular los abogados) Plaza en casa de Hernán Marambio.
Una vez en conocimiento de los antecedentes, ella dijo que en su condición de amiga íntima, recalcó lo de íntima para que quedara claro por dónde iban los tiros, de la presidenta de la Corte Suprema, Luisa Estela Morales, ella podía conseguir una sentencia en un plazo de dos o tres meses por lo cual me cobraba 600,000 dólares, en ese momento, esto es, al convenir su participación, y 600,000 dólares adicionales al salir la sentencia.
Le hice saber a mi enana, gordísima y repelente hasta las náuseas corrupta y poderosa interlocutora que yo no disponía de esa cantidad de dinero, que de nada me podría servir una sentencia del Tribunal Supremo y que yo solo podría ofrecerle en pago por sus servicios un porcentaje de lo que cobráramos una vez que cobráramos y no una vez que saliera la sentencia, como era su pretensión, porque las sentencias no sirven para mucho. En efecto, para cobrar algunos millones de dólares al estado no basta una sentencia de la Corte Suprema. Además, es necesario que la acreencia sea incluida en el presupuesto de la nación y que éste sea aprobado por el Congreso.
Reconociendo en ella al magno delincuente que demostraba ser, esa misma tarde le escribí que no hiciera ninguna actuación y que no estudiara nuestros expedientes porque yo no estaba en condiciones de pagarle monto alguno sin antes convenir expresamente tanto el monto como la forma de pago de sus eventuales honorarios.
La doctora Plaza se molestó mucho, me pasó una factura por 100,000 dólares, que no le cancelé, y tuvo el cuidado de conseguir que la Corte Suprema en pocos meses sentenciara en contra nuestra, condenándonos además en costas.
La adulterada sentencia de la Corte Suprema establece que los demandantes nunca demostramos que efectivamente tuviéramos alguna acreencia en contra de Metro de Caracas.
Esto constituye denegación de justicia y, en la eventualidad de que caiga la narco dictadura comunista de Nicolás Maduro y sus depravados cómplices, Koyaike alegará denegación de justicia y reintroducirá su demanda ante la Corte Suprema.
En todo caso la repelente Marisol Plaza cuidó que se sentenciara en uno solo de los dos juicios que manteníamos contra el estado.
Probablemente dejó el otro abierto por si una vez que hubo demostrado su poder accedíamos a pagar sus corruptos emolumentos.